La infanta Cristina de España responderá ante la justicia.
El largo y peliagudo Caso Nóos, el tráfico de influencias y el abuso de poder que investigan los jueces y que toca a la Casa Real española pone a prueba, una vez más, el vigor de las instituciones en esa monarquía parlamentaria.
La hija del Rey Juan Carlos y hermana del Rey Felipe de Borbón, en el trono desde la abdicación de su padre, es llamada a causa judicial por el presunto delito de cooperación con el fraude fiscal de su marido Iñaki Urdangarin.
Las 16 personas imputadas deberán comparecer al banquillo de los acusados a mediados del 2015. En el expediente abierto ni la estirpe real tiene ‘corona’ para salvarse de la mano de la justicia. Ese solo hecho reivindica el valor de las instituciones en España, donde ni el poder político ni el dinero ni la condición real o de nobleza impiden que las personas respondan por sus actos.
Al tiempo de abrir el juicio, el juez José Castro encontró motivos para pedir responsabilidad pecuniaria por 2,6 millones de euros.
Un colectivo autotitulado Manos Limpias pide para la infanta Cristina ocho años de cárcel, la pena -de hallarse a la Infanta culpable- solamente la dictaminará el juez al final del proceso judicial.
Mientras, la Casa Real analiza la conveniencia de que la Infanta renuncie a sus derechos sucesorios, aunque sabido es que apenas ocupa el sexto lugar en la línea sucesoria. El Palacio de la Zarzuela ha insistido en que esa decisión solo corresponde a la voluntad de la hermana del Rey.
La Corona española afronta una nueva prueba de fuego. Tras la abdicación de Juan Carlos de Borbón, tras algún escándalo y la idea de muchos súbditos de poner fin a la realeza, otros españoles destacan el valor de la Corona para mantener unido al pueblo español, aun muchos años después del fin del franquismo. Es un valor supremo, sin duda que la institución monárquica respete, como lo esta haciendo en el Caso Nóos, la justicia y su independencia. Un ejemplo digno de imitarse.