El fiscal general, Galo Chiriboga, respondió a siete recursos de nulidad y uno de apelación presentada por los procesados en un caso de lesa humanidad. Esto ocurrió dentro de la audiencia convocada por el juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Vicente Robalino.
Dentro de esta causa, el fiscal Chiriboga fundamentó las razones por las que es válido el llamamiento a juicio a nueve procesados por su participación en los delitos de detención ilegal, violencia sexual y desaparición forzada, calificados como crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas son Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca, quienes integraron el grupo Alfaro Vive Carajo (AVC). Según la Fiscalía fueron violentados en sus derechos humanos en el periodo 1985-1988, durante el gobierno del presidente León Febres-Cordero (+).
Durante la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, que se realizó del 12 al 14 de marzo del 2014, el fiscal Chiriboga explicó versiones, presentó documentos desclasificados del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, dio lectura a informes periciales de los reconocimientos de los lugares donde fueron detenidas las víctimas y también detalló informes psicológicos.
Basándose en la presentación y explicación de esos elementos, el Fiscal General dijo que en la época en que sucedieron los hechos existió un aparataje estatal que, a través de la fuerza pública, militar y policial, diseñó y ejecutó un plan militar de defensa interna para contrarrestar la ´subversión’.
De los nueve llamados a juicio, ocho son militares en servicio pasivo y uno es General de Policía, también en servicio pasivo. Las investigaciones fiscales determinaron que ellos pertenecían a la estructura de represión estatal que, “en forma sistemática y generalizada, habrían cometido este delito de lesa humanidad entre 1984 y 1988”.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
En noviembre de 1985, Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca fueron arrestados por militares en Esmeraldas, sin una orden judicial. Fueron trasladados al ‘Batallón de Inteligencia Militar’, ubicado en Conocoto, Pichincha.
La Fiscalía dice que a pesar de que las autoridades negaban haberlos detenido se comprobó que sí lo hicieron.
Cajas y Jarrín estuvieron arrestados 15 días, tiempo en el cual recibieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Luego fueron liberados, según consta en el expediente fiscal.
Luis Vaca –dice la Fiscalía- continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante 3 años más. Eliminaron su registro de filiación del Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.