La Asamblea cambió las reglas de juego para el Fondo de Liquidez, que se alimenta con recursos de los depositantes y que sirve para hacer frente a problemas de liquidez de la banca privada del país.
Creado en diciembre del 2008, por iniciativa del Ejecutivo, vía Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, esta especie de “alcancía” acumuló hasta junio de este año USD 2 051,3 millones, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).
Este fondo, que está actualmente en la mira del Gobierno, se nutre, entre otros, con los depósitos de los clientes.
El fondo brinda asistencia a la banca en caso de un problema de liquidez, por ejemplo una corrida de depósitos, pues en una economía dolarizada el Banco Central ya no puede emitir ni prestar dinero a ningún actor financiero.
El sector puede obtener créditos inmediatos de este fondo, sean de corto plazo (un día) o extraordinarios (120 días).
La Ley establece que los recursos del fondo deben invertirse bajo cuatro principios: seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad. Por eso se invierten en papeles de cortísimo plazo (entre dos y 12 días) y en títulos con una calificación igual o superior a AA (menor riesgo y más seguras).
El mercado local no dispone de estos papeles, por lo que la mayoría de recursos se invierte en el Banco de Pagos Internacionales en Ginebra y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), explicó César Robalino, titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
Estas entidades, dice, son altamente seguras, pues son una especie de banco central internacional para los bancos centrales locales.
Pero el Ejecutivo cree que ese dinero no tiene por qué estar fuera del país o inutilizado, y propone invertirlo localmente.
El proyecto de Código Monetario, aprobado el jueves de la semana pasada por la Asamblea , mantiene los cuatro principios de inversión antes mencionados, pero elimina la exigencia de invertir los recursos en papeles AA o más.
La Asamblea acogió el planteamiento del Ejecutivo porque no hacerlo “significaría que por ley se deban invertir los recursos en el extranjero”, según anota el informe para segundo debate de la Comisión de Régimen Económico.
Robalino cree que este cambio “reduce la calidad de las inversiones” y abre la puerta para que el gobierno de turno obligue a la banca, incluso, a invertir en bonos estatales.
Otra preocupación es que el Código cambió el objetivo del fondo, al establecer que sus recursos garantizarán operaciones de inversión doméstica.
Esto porque el Código busca regular los excesos de liquidez interna para dar créditos a la banca y que esta, a su vez, “dé préstamos al sector productivo”, según dijo anteriormente Diego Martínez, presidente del Directorio del BCE.
Pero también se establece que si quienes reciben el préstamo no pagan, el BCE debitará al banco este monto de su contribución al Fondo de Liquidez.
Los representantes del sistema financiero insisten en que eso “distorsiona” el objetivo del fondo y pone en riesgo a las instituciones y a su patrimonio.
“Mañana dirán: si no te ha pagado tu cliente, es tu problema; ahora tienes que aportar más para restaurar los recursos del fondo”, dijo Robalino.
El director bancario del Banco Central, Patricio Chanabá, dijo que no se deben “satanizar” las herramientas propuestas por el Código para la inversión doméstica.
Para el funcionario, el Código tiene “instrumentos muy potentes”, ideados “técnicamente” para solucionar el problema de los descalces bancarios que impiden a la banca privada dar créditos a más largo plazo.
El descalce se presenta cuando la banca debe tener disponibles y líquidos un alto nivel de depósitos para devolverlos cuando los clientes lo soliciten, lo que imposibilita a la banca invertir estos dineros en créditos de muy largo plazo.
“Los excedentes (de liquidez) adecuadamente definidos solucionarán el problema de una falta de fondeo (o recursos) a largo plazo de las instituciones financieras y promoverán la orientación del crédito”, argumentó Chanabá.
El organismo que maneja el fondo de liquidez está actualmente compuesto por seis miembros, cuatro del Ejecutivo y dos de la banca privada.
En su lugar, el Código plantea que dispondrá de tres miembros, todos del Ejecutivo, pues según la Asamblea un sector “regulado” como la banca no puede ser “regulador”.
El asambleísta independiente Ramiro Aguilar propuso que los representantes del organismo sean responsables cuando las inversiones no se realicen guardando los principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad.
Esto fue acogido por la Asamblea, pero aún debe esperar a que el Ejecutivo vete o se allane al texto. El plazo para pronunciarse es de 30 días.
En contexto
Uno de los cambios que introdujo el Código Monetario aprobado por la Asamblea es la inversión de los recursos del fondo de liquidez dentro del Ecuador. Pero los papeles locales no se venden con la misma facilidad que en el extranjero.