Cuatro documentos son necesarios para que los administradores de minas y canteras del Distrito Metropolitano inicien el proceso para obtener el permiso para la explotación. A partir de ayer, el título minero, la auditoría ambiental y el plan de manejo, el pago de regalías y la nómina de afiliación al Seguro Social del personal se deben presentar en la Dirección de Ambiente del Municipio.
El edil Pablo Ponce, presidente de la Comisión Especial de Canteras, explicó que una vez receptada la documentación, los casos se revisarán individualmente para determinar una posible reapertura provisional, hasta que concluya el proceso de legalización, que puede durar un año.
“El plazo depende del tiempo que demoren los trámites en cada institución: IESS, SRI, etc.”, puntualizó el concejal.
Según datos de la Agencia de Regulación y Control Minero, en el Distrito solo 34 de las 102 canteras existentes han cumplido con la sustitución del título minero. El alcalde Augusto Barrera aclaró que quienes no tengan este título u operen en áreas protegidas no podrán iniciar el proceso de licenciamiento.
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A la fecha, solo seis minas y canteras tienen Certificado Ambiental, cinco están en proceso de renovación de este certificado y otras cuatro han iniciado los trámites en la Secretaría de Ambiente. Ponce explicó que en caso de que parte de una mina o cantera ocupe territorio de un área protegida, la competencia pasa al Ministerio de Ambiente.
Mientras se analiza la documentación, 19 de las 102 canteras que hay en el Distrito permanecerán cerradas. Con ese dato, el alcalde Barrera dijo que no se va a permitir la especulación en el precio del material de construcción. El control de los precios del material pétreo estará a cargo de la Intendencia de Policía.
El Burgomaestre aseguró que la explotación antitécnica ha tenido un efecto negativo en el área ambiental y en la movilidad.
Ramiro Morejón, secretario de Ambiente, explicó que la contaminación por material particulado, en San Antonio de Pichincha (lugar que concentra el mayor número de canteras), es tres veces mayor al promedio que se registra en el Distrito.
En Quito el promedio de material particulado es de 0,8 microgramos/cm² y en San Antonio es de 3,2 microgramos/cm². Los representantes de las mineras se comprometieron a presentar un plan de explotación técnica de aplicación inmediata.
También se conoció que los transportistas accedieron a establecer horarios de circulación, un adecuado manejo del material y definir rutas de circulación para las volquetas. Salvador Guanoluisa, representante de 22 cooperativas de volquetas que operan en San Antonio de Pichincha, comentó que se comprometieron a cumplir los horarios y las medidas de seguridad para transportar el material de las minas.
Las volquetas podrán transportar el material de las canteras desde las 03:00 hasta las 07:00. Luego se pararán hasta las 09:30 y retomarán la circulación por la av. Córdova Galarza hasta las 16:00. También se controlará que el material vaya cubierto y que no supere el borde del cajón.
Abelino Torres, conductor de volquetas desde hace casi 30 años, aseguró que pese a la suspensión de 19 canteras en el sector, el material es sacado de las minas durante las noches. “El trabajo sigue en la noche. Es menos, pero seguimos laborando. En el día hacemos de tres a cuatro viajes, en la noche solo dos”.
Juan Torres, Manuel Morales y Carlos Lumaña cuidaban la maquinaria ayer en una de las canteras suspendidas. Desde hace dos meses se paralizaron las actividades en ese lugar.
“Tenemos hijos que necesitan comer y estudiar. Necesitamos el trabajo”, comentaron.
Cerca de 5 000 personas vinculadas directa e indirectamente a esta actividad estarían afectadas por la suspensión de los trabajos.
Entre las denuncias también se incluyeron las de los moradores de las zonas aledañas, que se quejaron por la contaminación ambiental y la falta de cuidado y control en el transporte del material.
Además, el Municipio exigirá que adecenten los caminos de ingreso a las minas y se establecerán los mecanismos para controlar la emisión de polvo y ejecutar obras de compensación en las comunidades aledañas.
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