La Superintendencia de Bancos anunció sanciones a las entidades bancarias que nieguen sus servicios a funcionarios públicos. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
El Superintendente de Bancos, Pedro Solines, comunicó al sistema financiero mediante circular SBS-2014-10998, emitida este 5 de septiembre del 2014, que serán sancionadas las entidades bancarias que nieguen a las personas políticamente expuestas o empleados con funciones públicas destacadas el acceso a sus servicios.
La circular se remitió luego de que el 3 de septiembre pasado recibió quejas de asambleístas sobre las dificultades que, al parecer, tienen al solicitar créditos en la banca privada por ser legisladores.
Según Solines, “la negación del otorgamiento de servicios actúa en contraposición de los principios de igualdad consagrados en la Constitución de la República y constituye un acto ilegal”.
El comunicado del ente de control advirtió que al negar créditos y demás servicios financieros a funcionarios públicos, se incurre en una ilegalidad y que su cometimiento acarreará sanciones de varios tipos.
Solines aclaró que la normativa sobre lavado de activos establece la aplicación de procedimientos cuando se trata de personas políticamente expuestas. Pero aclaró que la normativa no excluye de recibir o acceder a servicios por parte de las entidades del sistema financiero.
Con ello, señaló Solines, se busca erradicar la discriminación y evitar restricciones en el acceso a servicios como cuentas de ahorros y otros servicios.
Este Diario buscó la versión, vía teléfono, de César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, pero no se recibió respuesta.