Viudas de líderes amazónicos asesinados en Perú piden justicia

Las viudas de tres de los cuatro líderes indígenas ashaninka asesinados por presuntos traficantes de madera en una zona fronteriza entre Perú y Brasil el 1 de septiembre, exigieron justicia y tierras al gobierno peruano hoy, miércoles 1 de octubre, en Lima.

“Buscamos la justicia para nuestros muertos y queremos que los culpables sean castigados así como todos los que son responsables” y que encabeza Julia Pérez Gonzales, viuda del dirigente amazónico Edwin Chota.

Las viudas viajaron a Lima desde la apartada comunidad de Alto Tamaya-Saweto, en la frontera amazónica con Brasil, donde ocurrió el crimen que conmovió a grupos ambientalistas a menos de 80 días de la conferencia mundial sobre cambio climático de Lima (COP20) .

El asesinato de los cuatro indígenas asháninkas destapó una ola de críticas contra las autoridades peruanas por la poca atención que brindó a sus reclamos de defensa de los bosques y de protección a sus vidas por amenazas de mafias de taladores.

En Lima ellas fueron recibidas por la Defensoría del Pueblo y en el Congreso, donde denunciaron la situación por la que atraviesa su comunidad nativa desde la muerte de sus dirigentes.

Justicia y títulos de tierras

“Queremos justicia y queremos el título de nuestra tierra para defender los bosques. Es por eso que nuestros maridos murieron. Queremos reforestar con caoba y cedro en los lugares donde han desaparecido”, agregan tras rechazar la política gubernamental de concesión de tierras.

Chota y otros tres indígenas de la etnia ashaninka, Jorge Ríos, Leoncio Quincima y Francisco Pinedo, fueron cruelmente asesinados el 1 de septiembre por presuntos traficantes de madera en una apartada región de la frontera entre Perú y Brasil.

En un relato por momentos dramático, las viudas de los asesinados dirigentes amazónicos indican que “sin los bosques, vamos a pasar hambre. Los bosques son nuestro alimento. Vamos a perder nuestra agua y nuestro aire” .

El crimen de Chota alcanzó repercusión internacional debido a que era una figura pública que se había convertido en referente para grupos ambientales y medios de prensa internacionales por su defensa de los bosques amazónicos.

El gobierno peruano reaccionó tardíamente al crimen, que recién se supo una semana después de ocurrido, y anunció una lucha frontal contra la tala ilegal de madera en la Amazonia nombrando a un zar encargado de combatirla.

A mediados de septiembre, la Policía detuvo en la zona del crimen a un peruano brasileño sospechoso de la muerte de Chota.

La muerte de Chota hecho sombras sobre el tema de la deforestación amazónica, uno de los ejes de la conferencia mundial sobre cambio climático de Lima (COP20) que tendrá lugar en la capital peruana en diciembre.

Un informe del Banco Mundial, de 2012, estima al menos el 80% de la madera que exporta Perú, cuyo principal mercado es China, es ilegal.

Defensa del bosque vs tala ilegal

Aunque agradecieron el refuerzo de la presencia policial en la zona, fueron firmes en subrayar que sus pedidos van más allá. “ Nuestros maridos murieron porque el gobierno no respondió a nuestras demandas de titularidad de nuestras tierras tradicionales ” .

Las mujeres aseguraron que los ashaninka “somos marginados en el Perú, y las autoridades están a favor de los madereros ilegales” .

Señalaron además que “nuestros hermanos en Brasil, son atendidos mucho mejor que nosotros”.

La revista estadounidense Scientific Reports denunció en abril pasado que la política del gobierno peruano para proteger los bosques de la tala ilegal de madera desde hace 14 años ha provocado de manera indirecta un saqueo de recursos a gran escala.

Los científicos del Centro de Derecho Ambiental Internacional en Washington aseguran que la tala ilegal es una “plaga” en la cuenca del Amazonas, paraíso de la biodiversidad y de especies de maderas preciosas como la caoba y el cedro.

En los últimos años mafias dedicadas a la tala ilegal en la Amazonia del Perú ingresan a zonas bajo dominio indígena a extraer madera y desarrollan sus actividades sobre amenazas a las comunidades, una situación que se agrava por la falta de titulación de las tierras.

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