A la espera de la proclamación de los resultados finales de la consulta popular, Ecuador se apresta a considerar cómo las fuerzas políticas se reordenan y su afectación para la gobernabilidad del Ejecutivo.
El pasado jueves, en Radio Quito, el viceministro de la política, Esteban Torres, aseguraba que, a pesar de los anuncios de dejar a un lado la alianza con el oficialismo, el Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo continuaban votando en la Asamblea a favor de leyes y posiciones de las tesis del Ejecutivo.
Aun así, el mismo Torres reconocía que la alianza legislativa ya no está en marcha y que estas coincidencias serán poco recurrentes. Es decir, la facilidad que tuvo el Ejecutivo para pasar las leyes más urgentes ya no volverá a suceder.
El régimen tiene 12 meses para resolver el dilema de pasar las leyes o enfrentarse a una oposición que será pragmática en año electoral.
El régimen tiene 12 meses para resolver el dilema de pasar leyes o enfrentarse a una oposición que será pragmática en año electoral. Hay dos caminos en cuanto a legislación y una tercera vía que parece incluso que ya ha iniciado a abrirse como una trocha en medio de la selva.
Por una parte, en el aspecto parlamentario, se puede incentivar a que los legisladores de la oposición voten por las tesis del oficialismo, lo que implica poca credibilidad ante la sociedad civil. La segunda vía involucra un método menos ortodoxo, pues es proclive a crear mayorías móviles, lo que supone un muñequeo político agotador en cada votación, ya que los convenios finalizan con los votos en el Pleno y, nuevamente, hay que partir de cero para la aprobación de la siguiente ley.
La tercera vía es la que menos se da a conocer mediáticamente, pero que funciona cuando el Ejecutivo de turno tiene todos los canales legislativos bloqueados. Se trata de gobernar mediante decretos, acuerdo ministeriales y, sobre todo, con reglamentos a las leyes vigentes. Esta estrategia ya se ha puesto de manifiesto en el Ministerio de Trabajo, con la aplicación de un acuerdo que permite al Gobierno regular jornadas laborales inferiores a cuatro horas, un tema cuyo concepto no logró convencer a los votantes en la consulta popular.
Cualquiera de las tres vías conocidas en teoría política debe ser aplicada con un único propósito: que el país tenga una oportunidad para recuperar el camino de la gobernabilidad para lograr la prosperidad. Que la transparencia y la ética guíen a las autoridades.