Los cinco días de plazo que dio la jueza para la conciliación entre la presidenta de la Asamblea Nacional y el CAL vencieron este 5 de mayo.
Unos piden indemnizaciones por despidos intempestivos, otros buscan el pago de remuneraciones pendientes. También hay quienes reclaman décimos o vacaciones.
Llevan carpetas llenas de documentos. Entran y salen de las oficinas judiciales de tránsito que operan en el norte de Quito. Quieren saber qué sucede con sus trámites. Son usuarios que en estos días chocaron, sus parientes fueron detenidos por conduciren estado etílico o fueron multados por ejercer el taxismo informal.
Hace un mes, Santiago Viteri entregó en el juzgado de tránsito de Quito un escrito en el que solicitó una audiencia para impugnar tres infracciones viales cometidas durante la pandemia. La idea es evitar el pago de multas y la reducción de puntos en la licencia, pero hasta el momento, el juez no ha fijado fecha para esa diligencia. Lo único que sabe es que los funcionarios están copados de trabajo.
No es la primera vez que llega a las oficinas judiciales y le dicen que su caso no avanza. El viernes, a Fernanda Carrera le dijeron que regresara mañana, que no está la funcionaria judicial que lleva su caso, porque ahora solamente se trabajan con el 25% del personal.
Manténgase informado con el podcast: Entérese con EL COMERCIO. A continuación, los temas de este miércoles 17 de junio del 2020.
El Consejo de la Judicatura anunció este lunes 11 de mayo del 2020 un nuevo cronograma de trabajo que cumplirán los jueces de primer nivel de en los juzgados, unidades judiciales y tribunales de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario.
Mañana se terminará el plazo de 72 horas que dio un juzgado de Guayaquil, para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) llame a un nuevo concurso para la adjudicación de los derechos de televisión del campeonato nacional, que actualmente pertenecen a la firma uruguaya GolTV.
Están en contra del matrimonio homosexual y las familias diversas... Los grupos que se oponen abiertamente a estos hechos protagonizaron multitudinarias marchas el pasado sábado 14 de octubre en ciudades como Quito, Guayaquil y Manta.
El estilo de vida de Gabriela y su pareja cambió de la noche a la mañana. Dejaron de hacer compras en el supermercado, de comer en centros comerciales los fines de semana o de gastar en bienes suntuarios. La joven, de 32 años, perdió su trabajo a finales de julio y desde entonces no ha logrado hallar un nuevo empleo.
Las cifras son oficiales y revelan que menos de la mitad de las denuncias de corrupción que llegan a la Fiscalía General se convierte en juicios penales.
Vivió en España 13 años y no le notificaron que en ese tiempo su esposo le planteó el divorcio por abandono de hogar. Esto ocurrió pese a que Marcela se comunicaba con su familia todas las semanas y enviaba remesas de dinero para los estudios universitarios de su hijo.
Lloviznaba en las afueras del edificio de los juzgados de la Niñez y Adolescencia en el centro-norte de Quito. Sandra Padilla, de 42 años, estaba en la puerta y abrigaba a su hijo, Wilson, de 2 años, con una manta roja de lana. Quería llorar, porque dice que el juicio de alimentos contra el padre del niño lleva un año estancado y no avanza.
¿Jura decir la verdad?, le pregunta la jueza María Conforme al agente civil de Tránsito. El uniformado asiente con la cabeza y relata la retención del conductor. "Estaba con aliento a licor y se opuso al ‘alcocheck’ y a la prueba psicosomática", advierte frente al detenido. Luego de 45 minutos de audiencia, Conforme toma su decisión: 15 días de prisión, multa de un salario básico y pérdida de 10 puntos en la licencia. Ayer, esa fue una de las diligencias que se desarrollaron en las nuevas unidades judiciales de contravenciones de tránsito. El 18 de marzo, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), mediante la resolución 047-2014, dispuso la creación de estos complejos en las ocho administraciones zonales de Quito. Hasta antes de esa resolución, los juzgados de Tránsito conocían delitos y contravenciones. “Una de las razones para implementar las nuevas unidades fue eliminar la carga procesal. De esta manera quedan dividas las competencias”, aclara Hernán Calisto, direc
El Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha absolvió ayer, 8 de abril, a Diego O., exconcejal alterno de Quito, procesado por presunto lavado de activos. Igual resolución adoptó con respecto a la esposa del exedil, María Fernanda Ch.
En la entrada del edificio, ocho personas hacen fila para subir en uno de los dos ascensores que sirven a los 11 pisos. Solo pueden entrar cuatro personas a la vez, pues son antiguos. "Si hay más peso es peligroso", explica el guardia que se encarga de distribuir a la gente y vigilar que la fila no se desordene.
Los pasillos están cubiertos con cerámica nueva. Ordenados en anaqueles, los archivos se guardan en cajas.
Entrevista a Carolina Villadiego/ Investigadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
El pedazo de papel estaba pegado con cinta adhesiva en la puerta de vidrio de uno de los juzgados de la Niñez y Adolescencia del Palacio de Justicia. En este resaltaba el mensaje: ‘Horario de atención al público de 09:00 a 12:00’.
Desde la tarde de hoy se suspendieron los trabajos de construcción en El Pedregal, un terreno ubicado en el norte de Quito. Se trata del complejo judicial más grande de la capital y que está a cargo del Consejo de la Judicatura de Transición.