Entrevista a Ruth Hidalgo, directora Ejecutiva de la Corporación de Participación Ciudadana. Foto: María Isabel Valarezo / EL COMERCIO
Entrevista a la directora ejecutiva de la Corporación de Participación Ciudadana sobre la reciente crisis del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde revela que no se logró mejorar el sistema electoral.
Domingo Paredes, al dejar la Presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que el organismo contaba con más del 35% de aprobación frente al 3% que tenía antes. ¿Es motivo suficiente para destacar?
Es importante decir que un 35% es un promedio bajo en términos de aprobación o de apoyo. Es necesario tomar en cuenta que la autoridad electoral debería ser uno de los organismos con más credibilidad y confianza porque es el más importante en tiempos de elecciones, porque garantiza participación política, establece la regulación a través de la cual todos los ciudadanos acceden a un participación política equitativa, al menos en términos ideales.
¿Y qué nos indica la cifra?
Sin querer hacer una valoración subjetiva, hay que hacer una valoración cualitativa sobre la actuación del CNE en términos de independencia, pluralidad y garantía de equidad a los actores políticos. Ahí debería estar el meollo del análisis para hacer una valoración si el trabajo ha sido bueno o no.
¿Cuál es el resultado de esa valoración cualitativa?
A todas luces se ha visto que el CNE no es independiente. La afinidad con el Régimen se refleja en la debilidad con la cual actuó en casos como el control de la publicidad oficial. No ha impuesto sanción ni frenos adecuados, por lo que hemos tenido procesos electorales inequitativos en términos de promoción electoral. El CNE ha sido una pieza clave para ello.
¿Estas inequidades son producto del CNE en sí o por la falta de institucionalidad porque el argumento que prevaleció fue que no se sancionaba las infracciones por los vacíos en el Código de la Democracia?
Este CNE ha perdido la oportunidad histórica de generar una normativa equitativa y soluciones los vacíos legales.
Pero este CNE (que entró en funcionamiento hace tres años) ha tenido que organizar muchas elecciones, por tanto no podía realizar reforma alguna al Código. Pero ahora esa reforma reposa en la Asamblea…
Antes no había Código de la Democracia sino la Ley Electoral. Cuando en este Régimen se elaboró el vigente, fue la oportunidad para implementar un organismo filosóficamente concebido como no partidista y cuya actividad sea apegado a derecho. Se planteó la reforma del sistema democrático y del sistema electoral. Una de ellas era que la designación de los miembros del CNE no provengan del Congreso sino de un órgano que supuestamente iba a ser transparente y despartidizado (Consejo de Participación Ciudadana, Cpccs).
Casi todos los cuerpos legales y la Constitución ha requerido de reformas…
Una de las lecciones que nos deja esto es que todavía los problemas estructurales no han sido resueltos. El anterior Tribunal Supremo Electoral ha sido siempre complicado. No es la primera vez que se dan este tipo de renuncias, pero se lo veía como producto de los partidos políticos. Sin embargo, al final del día lo que cuenta son los trofeos políticos de siempre.
La renuncia de Gloria Toapanta, la llegada de Juan Pablo Pozo a la Presidencia del CNE en lugar del Paúl Salazar, quien se posesionó como hace ocho días, ¿son parte de este proceso de despartidización?
El discurso que se alzó sobre la nueva visión del sistema político proponía quitar el CNE de la manos de los partidos para que sea independiente. Pero eso no se ha cumplido. Al puro estilo de la tan denostada partidocracia, los miembros electos en un concurso supuestamente transparente se enfrascaron en pugna política y de poder por la Presidencia. Toapanta renunció aduciendo motivos personales, cuando se sabía que estuvo en el concurso a pesar de estar a filiada a Alianza País. Si se logró descontaminar estos espacios de los partidos políticos, ahora esta contaminado por una sola visión y un solo movimiento y aun cuando forman parte del mismo poder.
¿Se puede hablar de una verdadera participación ciudadana en el país?
Cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana, tuvimos nuestras observaciones. Dijimos que iba a tener un poder muy alto y que iba a ser muy difícil que no se contaminara al convertirse en una función del Estado. Es el Quinto Poder según la Constitución. Cuestionamos el nivel de representatividad y de independencia. ¿Dónde está la ciudadanía? Ademas, son personas que al no haber sido electas popularmente, no rinden cuentas a nadie y no están expuestas al escrutinio público. Los ciudadanos no pueden sacarlos del puesto. Están blindados. Era peligroso, desde la tradición política ecuatoriana, que haya un Cpccs con poderes tan altos de nombrar los órganos de control.
¿Qué balance queda de los concursos de selección?
Esa fue una de nuestras mayores preocupaciones cuando se creó el Consejo de Participación en Montecristi. Algo que llama la atención es que en los requisitos y reglamentos para participar, se acepten excandidatos, exfuncionarios y militantes. Cuando lo planteamos, nos dijeron que era discriminatorio impedir que se postulen para estos cargos. Pero si forman parte de un órgano de control no va a ser independiente. Ahora estamos viendo lo que advertimos.
Frase
“Es peligroso, desde la tradición política, un Consejo de Participación con poder de nombrar los órganos de control”.
¿Quién es?
Directora Ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Es doctora en Jurisprudencia, especializada en control parlamentario y administrativa, y en desarrollo.
Su punto de vista
La reciente crisis del Consejo Nacional Electoral revela que no se logró mejorar el sistema electoral. También, se afecta aún más su ya menoscaba credibilidad, además de perjudicar el sistema democrático.