José Santamaría (centro), presidente de la Cámara de Transporte de Quito, luego de la reunión con el Alcalde. EL COMERCIO
La petición de los transportistas de que se revise la tarifa urbana sigue estancada en discusiones políticas. Tanto los municipios como el Gobierno central mantienen sus posiciones sobre las competencias de cada uno al respecto.
La ministra de Transporte, Paola Carvajal, dejó clara, este 11 de septiembre, la posición del Ejecutivo una vez más: los subsidios serán retirados y los siete municipios con competencias en transporte deberán fijar nuevas tarifas o compensaciones. Las declaraciones las realizó en un Gabinete de seguridad que se realizó en Quito.
“Lo que los transportistas están pidiendo es que se les reconozca el costo operacional que tienen. Si cada Municipio decide, tiene que reconocer a través de un incremento de tarifa. Los municipios también podrían ser más creativos y buscar alternativas para no subir la tarifa”, señaló.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se mantiene en esa misma postura. En rueda de prensa, Héctor Solórzano Camacho, director ejecutivo de la entidad, ratificó que son los municipios los encargados de regular las tarifas del servicio de transporte, no el Gobierno.