Redacción Política
La justicia ordinaria debe ser la instancia que verifique la supuesta influencia de la radio La Voz de Arutam en la protesta indígena, que se produjo entre los últimos días de septiembre y primeros días de octubre del año anterior.
Esa fue una de la conclusiones que emitió la comisión especial que indaga la muerte del profesor shuar Bosco Wisuma, ocurrida el 29 de septiembre.
La comisión fue creada en octubre luego de las mesas de negociación entre el Gobierno y la Conaie. En ese momento, se definió que participen representantes de los dos sectores y que cuenten con el apoyo de la Comisión de la Verdad, que indaga las violaciones de los DD.HH. desde 1984.
Los comisionados son: Elsie Monge y Julio C. Trujillo (Comisión de la Verdad), Néstor Arbito y Lucía Ruiz (Ejecutivo), Julio C. Sarango y Luis Saavedra (Conaie).
Los comisionados emitieron el pasado lunes una primera parte su investigación y aseguraron que no hay suficientes indicios que demuestren que radio Arutam incitó la violencia en las manifestaciones donde murió Wisuma.
Justamente, ese fue el argumento que usó el Consejo Nacional de Telecomunicaciones para terminar el contrato de concesión de la frecuencia de la emisora shuar. Según el Gobierno, dos traducciones hechas a las transmisiones evidenciaron el papel que jugó la radio.
Sin embargo, para la comisión especial hay varios vacíos en esas traducciones, que quitan sustento a la decisión del Conatel.
El viernes tarde, la Comisión se ratificó en su informe del lunes. En ese sentido reiteró que “no cuenta con elementos suficientes que permitan determinar que la radiodifusora haya tenido una línea editorial que promueva la violencia”. Por eso exhortó nuevamente al Conatel que acoja la resolución del lunes.
Asimismo, sostuvo que las traducciones analizadas contienen expresiones que pudieran entenderse como incitación a la violencia, las cuales serían de responsabilidad personal de sus autores.
La Comisión también constató que entre las dos traducciones se individualiza la intervención de 12 personas, siendo coincidentes los nombres, en las dos, de Pepe Acacho, Tito Puanchir, Andrés Wisuma y Samuel Yakum.
Por eso, recomendó al Consejo de Telecomunicaciones que remita a la justicia ordinaria la información de sus archivos. El objetivo es que sean la Fiscalía General del Estado y el juzgado pertinente los que “investiguen y juzguen la actuación de quienes aparecieron como responsables de las supuestas infracciones, garantizando el debido proceso”.
El presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, dijo que cualquier investigación en su contra debe ser llevada por los fiscales indígenas y traducida a su idioma materno.
Mientras tanto, los asambleístas que indagan la muerte del profesor shuar Wisuma viajarán los próximos días a Morona Santiago para seguir su trabajo.
Ellos tienen previsto entrevistar a varias autoridades locales y a las personas que presenciaron la muerte del profesor.