Con arcos de palma se decoró la plaza central del peublo de Sarayaku, en donde el Estado ofrecerá hoy disculpas públicas a sus habitantes. Foto: EL COMERCIO
Una variedad de flores y hojas de palma arreglan la plaza central de Sarayaku. Los 1 200 habitantes de este pueblo kichwa, ubicado en la provincia de Pastaza, ultimaron los detalles para recibir hoy a las autoridades encargadas de ofrecer disculpas públicas a la comunidad amazónica.
La preparación para el evento viene desde hace más de una semana. Los dirigentes amazónicos tienen lista hoy una comida especial, que se prepara con la caza y pesca que los hombres de la comunidad trajeron desde el miércoles. Además se pidió a los habitantes de las comunidades aledañas que traigan frutas típicas de la zona. El pescado será el plato fuerte pero también habrá palmito, yuca, plátano.
Cada uno de los siete curacas de Sarayaku prepara una tinaja de chicha (bebida típica preparada con yuca). Asimismo, los estudiantes del Colegio Sarayaku decoraron el ingreso al poblado por el lado del puerto del río Bobonaza.
La agenda está definida. Está previsto que el evento empiece a las 09:00, pues a esa hora llegarán los delegados del Estado: los ministros de Justicia, Ledy Zúñiga; de Recursos Naturales, Pedro Merizalde; Medioambiente, Lorena Tapia; el procurador general del Estado, Diego García; y un delegado del Ministerio de Defensa.
El primer acto que tiene previsto la comunidad es una presentación artística. Nelson Gualinga, vicepresidente del Consejo de Gobierno de Tayjasaruta, explicó que se desarrollará un canto dirigido a la población y a los cerca de 1 000 invitados que se esperan para la cita, que en Sarayaku califican como un hecho histórico.
El evento de ofrecimiento de disculpas públicas y reconocimiento internacional se realiza después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
En el 2012, esa instancia internacional resolvió que el Estado ecuatoriano es responsable de la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal y a la identidad cultural de Sarayaku, por haber permitido la exploración petrolera en su territorio, además de poner en riesgo su derecho a la vida y a la integridad personal.
La agenda para mañana también incluye la intervención de la representante de los dirigentes sabios de la comunidad, Narciza Gualinga. “Ella hablará de la historia del pueblo y de su lucha. Será la introducción del acto ya que se contarán los detalles del juicio, de la sentencia, de nuestra vivencia…”, señala Nelson Gualinga.
Luego, se leerá el texto del caso. Estos documentos se prepararon en la misma comunidad, tras un consenso entre los mismos amazónicos y aprobado por el Ministerio de Justicia. Allí se explica que pese a que el actual Gobierno no fue parte del juicio, sus representantes actuales deben participar en el pedido de disculpas.
Félix Santi, presidente de Tayjasaruta, será el encargado de hablar en nombre de la comunidad. En su discurso, añade Gualinga, se pondrán en escena los momentos de dolor e indignación que se vivieron con el ingreso de la empresa petrolera CGS y de los militares en los noventa.
El primer paso de concreción de la sentencia de la CorteIDH fue el pago de USD 1,3 millones, entregados el año pasado al gobierno de Sarayaku.
Con ese dinero se implementaron servicios comunitarios que incluyen becas estudiantiles superiores para 23 personas de la zona. También se adquirieron dos avionetas y se coordinó la creación de una empresa de aviación que brinde servicios a la comunidad y a otras de la región.
No obstante, quedan puntos de la sentencia por cumplirse. Las autoridades de Sarayaku comentan que el siguiente paso dentro de la sentencia de la Corte debe ser el retiro de la pentolita (explosivos utilizados para extraer petróleo), que se encuentra en la superficie y enterrado en las 135 000 hectáreas de propiedad del pueblo.
La zona afectada se ubica en los alrededores del río Wiracaspi. Gualinga dice que toma seis horas a pie desde el centro poblado para llegar al sitio, aunque también hay como llegar por la vía fluvial, tras cuatro horas de viaje.
También está pendiente la implementación de una normativa que sirva para regular el proceso de consulta previa en los pueblos y nacionalidades, tal como lo determina la sentencia de la CorteIDH.