La intervención fue rápida. Wendy Molina, vicepresidenta de la Corte Constitucional (CC) leyó el fallo sobre el caso waorani y se retiró. Este organismo definió si los detenidos por la supuesta matanza son juzgados por la justicia ordinaria o no. Según la CC, este caso merece “una interpretación intercultural con el fin de evitar vulneraciones a los derechos constitucionales”.
Además señala: “se debe considerar que los procesados pertenecen a la nacionalidad indígena Waorani, como pueblos de reciente contacto”.
Por otro lado, se determinó con fundamento en criterios convencionales que la figura penal del genocidio sólo
podrá ser aplicada por el juzgador de la causa.
En la resolución, la CC recomienda al juez de Orellana, Álvaro Guerrero, tomar en cuenta convenios y sentencias internacionales relacionadas con el delito de genocidio.
Esto, porque los 17 indígenas investigados -actualmente solo hay cinco detenidos- son juzgados por ese delito. De acuerdo con el vigente Código Penal, la pena por esa infracción es de 16 a 25 años de cárcel. Guerrero tiene la última palabra para determinar cuál es el tipo penal aplicable en este caso: genocidio, asesinato u otra figura.
El integrante de la CC agregó que también se pide peritajes técnicos, sobre todo, de carácter sociológico y antropológico para analizar la conducta de los procesados. “Se tiene que tomar en cuenta su cosmovisión, su realidad social. No solo desde el punto de vista occidental. Nuestra Constitución establece que estamos en un Estado intercultural”.