Ecuador se encuentra nuevamente sumido en los estragos de una crisis energética desencadenada por la falta de previsión ante sequías. Este escenario evoca las crisis del sector en los años 90 y a fines de la década del 2000. Los cortes de energía afectan profundamente al país, ya aquejado por el estancamiento económico, mínima inversión pública y alto endeudamiento.
Se estima que cada cinco horas de apagones, las pérdidas económicas alcanzan los 80 millones de dólares, exacerbando la indignación ciudadana al no disponer del parque termoeléctrico al máximo rendimiento.
A pesar de las inversiones realizadas, estas han resultado insuficientes para satisfacer la demanda creciente. La posibilidad de cubrir el déficit de 600 megavatios con termoeléctricas sería una solución viable, pero la falta de planificación ha llevado al país a revivir los cortes de energía.
Este retroceso de 30 años resalta la necesidad urgente de planes a largo plazo que aborden la provisión energética en caso de contingencias climáticas, considerando el crecimiento poblacional y urbano proyectado. La demanda de energía solo el año pasado fue del 12%, porcentaje superior al previsto.
Los esfuerzos gubernamentales, desde administraciones previas hasta la actual, resultan insuficientes para resolver de manera sostenible este problema estructural. Las soluciones previstas evidencian una vez más la priorización de urgencias sobre la planificación estratégica.
Las denuncias de corrupción y negligencia, aunque no son novedosas, subrayan la urgencia de una reforma integral que aborde las deficiencias sistémicas del sector.
En lugar de reaccionar a crisis recurrentes, el país requiere de un enfoque proactivo y sostenido que garantice un suministro energético confiable y resiliente para el bienestar de sus ciudadanos y el desarrollo nacional.