El jueves, frente a uno de los consultorios de traumatología, decenas de pacientes aguardaban su turno. Algunos se quejaron de retrasos en la atención. Foto: Santiago Arcos / EL COMERCIO
Las denuncias en torno al Hospital Teodoro Maldonado Carbo no han cesado en los últimos cinco años. El problema subió de tono la semana pasada, cuando 50 delegados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se instalaron en Guayaquil para investigar y declarar la emergencia de esa casa de salud por irregularidades administrativas.
El supuesto exceso en la facturación a clínicas privadas y el mal manejo de fármacos son problemas que aquejan a este hospital desde antes del 2010, cuando una veeduría de extrabajadores así lo denunció.
Arsenio Palacios, uno de los veedores, guarda los informes que fueron acogidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en marzo de 2014.
El organismo verificó faltas como la doble facturación de un mismo afiliado, en una lista remitida por una clínica privada, en mayo del 2011. Se repiten nombres como Luis T.A. Su neurocirugía, valorada en USD 57 653 fue pagada dos veces.
La facturación total superaba el millón de dólares y el Cpccs detalla que el IESS pagó USD 233 296 de más. El excedente fue devuelto en diciembre de ese año, pero no aclara si hubo sanciones y el contrato con ese prestador continuó. El informe revela que algunos prestadores que atendían a menos de 100 afiliados por año rebasaron los 5 000 dos años después.
Para Palacios, la principal falencia es la escasa auditoría y así lo confirma un análisis del mismo IESS de enero del 2011. De 3 000 expedientes examinados se determinó “un importante perjuicio por una sobrefacturación del 40%”. Y claramente indica que se irrespetaron “las normas de control interno”, detallando anomalías como pacientes en Cuidados Intensivos sin justificación.
Sobre el informe del Cpccs, el actual presidente del Consejo Directivo del IESS, Víctor Hugo Villacrés, dice que “serán las autoridades de control las que emitan cualquier tipo de sanción pertinente”. Por ahora, notificó a la Fiscalía las recientes irregularidades y tomarán medidas porque hay áreas que están subutilizadas.
El IESS tiene convenios con 100 clínicas y médicos privados en Guayas. Alicia Paredes fue enviada a una clínica, porque según le dijeron no había fármacos para quimioterapias.
Al comparar las cifras de derivaciones en el país, Villacrés explica que la facturación de Guayas levantó sospechas. De USD 625 millones destinados en 2014 al pago de convenios, USD 326 millones fueron generados por la provincia frente a 198 millones de Pichincha, 40 millones de Manabí y 30 millones de Azuay.
La causa es un probable conflicto de intereses de ciertos médicos que trabajan en el IESS y a la vez en algunas clínicas, como constató Villacrés. “Muchos médicos facturaron hasta USD 300 000 en un año”. En 2014, 14 000 pacientes del hospital fueron derivados a prestadores externos (55% por consulta externa, 33% por cirugías y 12% por emergencias).
Para los miembros de la veeduría, con el dinero pagado a los prestadores (USD 386,2 millones, entre 2009 y 2011) se construirían varios hospitales.
Otra irregularidad detectada fue en la compra de fármacos. De USD 25 millones presupuestados en el 2010 para medicinas solo se usaron 16 millones. El Cpccs concluyó que hubo “falta de agilidad de los administradores del hospital”.
En este año, de los USD 173,8 millones presupuestados, 90 millones serán para insumos y fármacos. El jueves se hizo un inventarioy se encontróproductos que estaban por caducar y otros en mal estado fueron separados y se pedirá su canje a los proveedores.
Afiliados como Juan Méndez, quien padece diabetes, ya consiguieron sus recetas completas. Pero las quejas persisten desde octubre entre los pacientes crónicos. 60 pacientes oncológicos y hematológicos se quejaron por comprar afuera pastillas en hasta USD 600.
En contexto
El 21 de enero, las autoridades del IESS declararon la emergencia en el Teodoro Maldonado Carbo. Por ahora, siete directivos han sido separados. El hospital tiene más de 50 años y presenta fallas hidrosanitarias. Las denuncias de su administración se dan desde el 2010.