El racionamiento de la energía eléctrica que sufre el país en las últimas semanas es fruto de la improvisación crónica que está presente en la conducción de la cosa pública. A finales del año pasado ya se presentaron los eventos que anunciaban el desencadenamiento de una crisis inminente, que afectaría la capacidad de funcionamiento del sistema productivo, de la provisión de servicios y del cumplimiento de las actividades diarias de la población.
Lo dramático es que se han dado explicaciones que eluden la responsabilidad de quienes la tienen y encuentran culpables en sabotajes o en gobiernos anteriores.
No existe previsión ni planificación
En Ecuador, desde 1992 se desató una serie de crisis eléctricas cíclicas. Éstas fueron originadas por el déficit de generación debido, en gran parte, a la falta de infraestructura. Así, el normal desempeño del aparato productivo nacional era condicionado, lo cual obligó, en reiteradas ocasiones, a racionar el suministro eléctrico.
Desde el año 2007, con el fin de incrementar la producción de energía, se dio énfasis y prioridad al denominado cambio de la matriz energética; proceso en el cual la construcción de ocho grandes proyectos hidroeléctricos fue uno de los principales objetivos.
El cambio de la matriz energética no ha pasado de ser una ficción y los recursos que el país ha debido invertir en varios experimentos y programas se ha justificado recurriendo al eufemismo de su mala asignación. Es una buena salida para ocultar la corrupción encubada en un sector que demanda grandes inversiones y que provoca grandes dolos. El problema de fondo es la irracionalidad con la que se maneja la economía y, en general, la conducción de la sociedad, que carece de rumbo cierto.
Con el retorno a la democracia, a fines de 1979, se dio un gran paso en el fortalecimiento de la planificación en el Ecuador, al crear el Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, sustituyendo a la histórica Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. No fue una simple creación de otro organismo público, sino la institucionalización de la planificación nacional al más alto nivel, conducida por el vicepresidente de la república. Con la Junta se sentaron las bases para diseñar una visión de futuro del país, con objetivos de desarrollo económico y social. El primer gobierno de la restauración democrática puso en práctica un plan de desarrollo concretado en 21 puntos programáticos, diseñado con la participación del sector público y el privado, además de algunos sectores de la sociedad civil.
Con la irrupción del neoliberalismo a rajatabla auspiciado por fieles nacionales de esa corriente, en 1992 se sepulta a la planificación y se orienta la conducción económica con medidas que socavan la legitimidad del Estado, para impulsar la economía de mercado. Finalmente, en la primera década de este siglo se da un intento de renacer de la planificación con un horizonte más ancho, que pretende alcanzar el buen vivir con el respeto a la madre tierra.
En realidad, desde 1954, con la creación de la institucionalidad de la planificación, ésta ha tenido el carácter de indicativa, es decir, que no era vinculante para el sector privado. Es más, el sector público, con planes de desarrollo y todo, hacía reverencia a la planificación, pero se conducía de acuerdo con el vaivén de la caja fiscal; la disponibilidad de recursos inmediatos marcaba el compás de los programas y proyectos. Pero tuvo un gran valor al fomentar el conocimiento de la realidad nacional, al concebir objetivos hacia cuales transitar en el mediano y largo plazo, al fijar prioridades. Desde la perspectiva nacional, grande ha sido el aporte de la planificación indicativa del desarrollo en el auge del banano y en el primer auge del petróleo. La escuela del pensamiento económico del Ecuador surgió, con gran solvencia, con la investigación, los estudios y la consolidación de una verdadera corriente interdisciplinaria para la conducción del país, animada por prestigiosos profesionales ecuatorianos.
El neoliberalismo vigente por tercera ocasión desde 2017 no es afín a la definición de un proyecto nacional que tenga por objetivo el desarrollo y la equidad económica y social. Con mayor o menor intensidad se ejecutan acciones desarticuladas de un hilo conductor, privilegiando el inmediatismo y la satisfacción de intereses de grupos que no son los sentidos por la mayoría. Los planes que se presentan para cumplir requisitos y participar en las elecciones no pasan de ser documentos retóricos, con falta de la necesaria consistencia y rigurosidad. Esa realidad explica la actual crisis de energía eléctrica: el fruto de la improvisación, la irresponsabilidad, la falta de preparación y conocimiento, la deriva por la cual camina el país.