La Asamblea Nacional acaba de aprobar una ley que permitirá a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) recibir directamente de la caja fiscal los recursos asignados para su operación. Según la normativa, esto debe ocurrir durante los primeros cinco días de cada mes. Así, los gobiernos locales podrían solventar su accionar. La iniciativa legislativa tiene que someterse al criterio de la Presidencia de la República.
El veto de la Presidencia puede marcar el primer desencuentro formal entre el oficialismo y las fuerzas políticas de la Asamblea. Este proyecto de ley fue propuesto por el Presidente de la Legislatura, Henry Kronfle, en conjunto con Johnny Terán, los dos de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), que antes había sido parte de una alianza con el oficialismo.
La deuda que mantiene actualmente el Estado con los GAD es de 666,32 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, un problema que arrastra el Estado desde hace al menos ocho años.
La normativa aprobada indica que los pagos serán inmediatos a los GAD, y que los gestionará directamente el Banco Central del Ecuador. Además, que habrá duras sanciones, como destitución del cargo, para quienes no cumplan con la disposición.
La deuda que mantiene actualmente el Estado con los GAD es de 666,32 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, un problema que arrastra el Estado desde hace al menos ocho años. Esto ha causado que en muchos gobiernos locales se haya dejado de pagar la nómina, así como a los proveedores que han suscrito convenios y contratos con municipios y prefecturas.
En el caso de los GAD, esta contracción de su flujo de recursos tiene varias consecuencias, entre las principales está que la economía interna de cantones y provincias se ve deteriorada, pues la inversión y el consumo se ven afectados. También hay una crispación política evidente porque la autonomía de la que gozan depende de los recursos que provee el Estado central, una paradoja para un sistema creado para evitar supeditación ni subordinación a la hora de marcar el autogobierno local.
Con esta falta de asignaciones también se desnuda un problema crítico: la calidad del gasto de los gobiernos locales. Las informaciones que llegan diariamente sobre cómo ciertos alcaldes y prefectos, a pesar de las necesidades inmediatas como cubrir la nómina, prefieren pagar millonarios actos de celebración, con artistas internacionales; así como escándalos de corrupción; o el mismo hecho de inflar la nómina como un método para saldar favores de campaña, hacen que se plantee ya una reforma para que los GAD sean más transparentes con los recursos que piden y los que gastan. Todo en armonía con los difíciles momentos por los que pasa el país en sus finanzas.
Es hora ya de una reforma que no solo permita el cobro efectivo de las asignaciones del Gobierno central a los GAD, como se ha planteado en la nueva Ley, sino que haya transparencia y responsabilidad del gasto de esos rubros. De todas formas, se espera que el veto Presidencial plantee este tipo de consideraciones.